Tras el descontento colectivo con la representación sindical que teníamos, me involucré en las pasadas elecciones sindicales a función pública con una nueva candidatura. Como colectivo que existe en las cuatro provincias (Bombers de la Generalitat) la candidatura mínima exigió 116 firmas. Casi todo el proceso requería llevar documentos a los registros de cada provincia de manera presencial, y las convocatorias de las reuniones no siempre se recibieron, por ser una nueva organización.

A pesar del esfuerzo necesario logramos salir a delante y participar finalmente. Para nuestra sorpresa, el voto por correo y el recuento de escrutinio se llevó de manera diferente en cada provincia. Muchas reuniones acabaron resolviendo las decisiones con exceso de prisa por cumplir los calendarios. Las papeletas de votación llegaron a veces tarde o incompletas a los trabajadores a turnos, muchos de los cuales no pueden votar en persona. El voto por correo este año costaba 6€ por persona y voto.

Antes y después de las votaciones, se denuncian irregularidades en el voto por correo (votos llevados por intermediarios sindicales a las oficinas). Juicio, recurso, arbitraje, en Barcelona se desecharon más del 10% de los votos emitidos por estas irregularidades.

El cómputo de horas de liberación de trabajadores para todo el proceso, más la supervisión (interventores, presidentes y vocales) de casi cien mesas de votación involucradas, suponen un coste muy superior al de hacerlo telemáticamente, sin duda posible. Quizá si se simplifica este arcaico método, se pierde la disculpa para votar sólo cada cuatro años.

En definitiva, los registros de sello y copia, las reuniones presenciales para cualquier trámite, la justicia en papel y las elecciones de urna e imprenta son una anacronismo en toda regla. Y constato que la cantidad de gasto y esfuerzo no son la garantía de la legitimidad y el rigor del proceso.

Para última sorpresa, la actividad de nuestra Mesa General de negociación, que rige los destinos de más de 40.000 trabajadores no tiene obligación de publicar su actividad y no se pueden consultar las actas de sus reuniones. Tampoco la transparencia ha llegado a estos rincones.

Cuando uno rasca un poco en la democracia actual, me sale aquello del "régimen del 78". Hay cosas que siguen igual que hace décadas. No sé si por desidia o por conveniencia.